El presente conflicto universitario es distinto a los
anteriores. Si bien presenta reclamos similares de parte de profesores,
empleados y estudiantes –sueldos bajísimos, insuficiencia presupuestaria,
dotación insuficiente de servicios, violación del régimen autonómico- se
distingue por poner a descubierto de manera clara e irrefutable que el
verdadero propósito de la contraparte oficial es la liquidación de la
universidad autónoma. La bajísima remuneración de profesores, empleados y
obreros, así como la ridícula asignación para becas estudiantiles, aglutinan la
atención principal del conflicto en los actuales momentos, pero la ofensiva contra
estas universidades no se para ahí.
Los universitarios exigíamos un 100% de incremento retroactivo
al comienzo de 2013 como base para negociar ajustes futuros. En el caso de los
profesores éstos deberían ser conforme a lo dispuesta en las Normas de Homologación vigentes.
La oferta de aumento escalonado es, por tanto, una burla, pues para cuando
termine de ejecutarse ya la inflación se habrá comido la mayor parte. Para
mayor provocación, el ministro se niega a reunirse con la Federación de Asociaciones de Profesores universitarios de Venezuela
(FAPUV), con más de 40.000 afiliados, para negociar una supuesta Convención
Colectiva Única con una federación fantasma que no representa a nadie. Más aun,
se intenta meter de contrabando en ese adefesio de contratación, normas que
confiscan atribuciones de los Consejos Universitarios en materia de ingreso y
ascenso de profesores y empleados, así como otras potestades administrativas que
les consagra la Constitución y la Ley de Universidades, y para imponer el “socialismo”
como norte de los procesos de transformación universitaria. La negativa a atender
las justas aspiraciones salariales de los universitarios y la pretensión de controlar sus carreras buscan quebrarle el
espinazo al recurso más preciado de estas instituciones, su talento, para
acabar con su resistencia a los designios totalitarios
del oficialismo, de una vez por todas.
Luego está la asfixia presupuestaria progresiva que,
cual tragavenado, va privando a la institución de su aliento vital al negarle
las partidas para reponer los cargos de los que se jubilan; los recursos para la
compra de equipos e insumos y para mantener adecuadamente la infraestructura
existente; la dotación de divisas para enviar becarios al extranjero, asistir a
simposios y congresos académicos internacionales para estar al día con los
avances del conocimiento; y las providencias para sostener satisfactoriamente
los servicios de apoyo estudiantil. El Gobierno busca forzosamente convertir
a las universidades autónomas en una especie de gran liceo que forme el
personal técnico que requiere los planes oficiales, dedicados al cómo resolver lo que el gobierno decide,
pero negándoles la potestad de indagar sobre el que y el por qué de ello, labor cardinal en la prosecución del saber.
A pesar de que seguirían en pie los edificios, progresivamente deteriorados, y
profesores mal pagados continuarían dictando clase, cada vez con mayor desgano, esto ya no podría llamarse Universidad.
En tercer lugar, se arremete contra las universidades
con una batería de artificios jurídicos y leguleyos que socavan la autonomía
universitaria y obligan a éstas a adoptar decisiones que desnaturalizan su
propósito, para ponerlas a disposición de los dictados de la secta política
actualmente en el poder. Es el caso de la primitiva y retrógrada Ley Orgánica
de Educación, instrumento legal que en vez de plantear cómo enfrentar los
desafíos de la sociedad del conocimiento, reivindica “saberes ancestrales” para
enfrentarla. El artículo 34 de esta ley pretende que las universidades autónomas
se hagan un hara-kiri y acuerden un
reglamento electoral para que voten profesores, empleados, estudiantes y
egresados con el mismo peso, una persona un voto. Con ello se desconoce el fin
académico de este proceso electoral y la ponderación que en él deben tener
profesores y estudiantes; pone en manos de los egresados, los que ya no hacen
vida en la universidad, la decisión sobre quienes deben ocupar sus cargos de
dirección. Con base en este exabrupto, el TSJ ha impedido la realización de las
elecciones que, por ley, deben realizarse en cada universidad autónoma para
reponer sus autoridades, alegando que éstas deben hacerse conforme a lo
dispuesto en el mencionado artículo 34. Luego, con el mayor cinismo y
desfachatez, acusan al equipo directivo de “querer perpetuarse en el cargo”
(¡!) Adicionalmente, están las medidas
cautelares que suspenden la colocación de puertas para resguardar el recinto
universitario de la UCV contra la acción de bandas delincuenciales dedicadas a
destruir sus instalaciones y atemorizar a la comunidad, y que revierten
procesos de sanción reglamentaria al más conspicuo de estos facinerosos, Kevin
Ávila.
En cuarto lugar se ampara y se le da beligerancia a
estas hordas fascistas para que, armadas y validas de bombas lacrimógenas,
agredan a estudiantes y profesores, incendien vehículos y destruyan obras de
arte y estructuras universitarias. Son 61 agresiones de este tipo denunciadas
por las autoridades de la UCV ante el CICPC y la policía en los últimos 5 años,
con apoyo de videos y testimonios de testigos, que siguen impunes. Estos fascii di combattimento promueven el
terror para atemorizar y desmoralizar a los universitarios, y destruir su
disposición y valentía de hacerle frente a la violencia sólo con las armas de
la razón. El mundo al revés, pues. El propio Kevin Ávila fue transmutado de
malandro en héroe por el mismísimo presidente Chávez, quien le alzó la mano en
un acto público como “ejemplo de lucha revolucionaria” (¡!). Éste mismo
delincuente, luego de agredir salvajemente a estudiantes y a un profesor de la
Escuela de Estudios Políticos de la UCV el pasado miércoles 12 de junio, es
recibido por sus partidarios en la Asamblea Nacional para denostar contra esta
Casa de Estudios. ¡Y todavía quieren hacernos creer que los oficialistas no
respaldan la violencia y las acciones vandálicas contra la institución!
Por si faltara algo en este arsenal de destrucción, se
criminaliza a la protesta desde los más altos cargos del Gobierno. El ministro Rodríguez
Torres, de Interior y Justicia, tuvo el tupé de acusar a los estudiantes de
“acciones desestabilizadoras promovidas por la extrema derecha” (¡!), para
convalidar la represión en su contra, como la de la Guardia Nacional en Lara.
Peor aun, quien se ganó limpiamente
el apodo de “Mentira Fresca” en las pasadas elecciones y que hoy ocupa ilegítimamente
la Presidencia, ese mismo que se ufanaba de reuniones de trabajo con un presidente
que estaba más allá que de acá y quien “le había estrechado vigorosamente la
mano”, el mismo que se la pasa inventando conspiraciones en su contra sin
presentar la más mínima prueba, este señor con credibilidad en el subsuelo
tiene la desvergüenza de acusar a la Rectora de la UCV de mentir con relación a
la insuficiencia presupuestaria (¡!). Haciendo gala de la técnica Goebbeliana de repetir hasta el
cansancio una falsedad hasta convertirla en “verdad”, invoca la manida falta de
transparencia de la UCV en el manejo de sus recursos, siendo que es la
institución más auditada por los poderes públicos que se haya conocido en
Venezuela.
El oficialismo no acepta la existencia de
instituciones que por su prestigio, servicios a la nación, conocimientos, ascendencia
intelectual y ética bien ganada, y defensa inquebrantable de la pluralidad del
pensamiento, constituyen el baluarte más eficaz contra sus pretensiones de
imponer un régimen totalitario. El fascismo no tolera la conciencia crítica e
independiente, pues anula sus propósitos por afianzar un pensamiento único que
legitime, a través de la manipulación maniquea de símbolos caros a la nación,
su perpetuación en el poder. Requiere blindarse con mitos que alienten pasiones
ancestrales que activen el nosotros contra
los enemigos –ellos-, los que piensan
diferente y no aceptan que se les coarte su libertad. En dos platos, el
fascismo se nutre de la ignorancia, del oscurantismo sectario, de visiones estrechas
y distorsionadas de la realidad. De ahí que sean las universidades autónomas el
mayor obstáculo para sus ansias de poder. De ahí la ridícula aseveración de que
quienes buscan el saber en un ambiente de contrastación de ideas, donde se
alienta a la pluralidad y se autogobierna democráticamente, representa la
“extrema derecha” (¡!). De ahí la necesidad de injuriar a quienes ocupan
posiciones de liderazgo en la institución, en primer lugar a la rectora García-Arocha,
profesora íntegra y universitaria a carta cabal, como al equipo que la
acompaña, y alentar la barbarie: ésta
no puede imponerse sin rebajar la civilidad, la dignidad, el respeto, la
decencia y la cultura de respeto en democracia.
Pero se equivocan. Los valores de la libertad, del
progreso, del ejercicio creativo del pensamiento, del respeto por el Estado de
Derecho, más temprano que tarde se impondrán a las fuerzas de la ignorancia, la
arbitrariedad y el atraso. Ahí están los valerosos estudiantes, haciendo uso de
una movilización creativa para defender su futuro y el del país, y arriesgando incluso
su salud en huelgas de hambre para que el gobierno entienda lo que está en
juego. Sabrá la universidad autónoma, en nombre de estos valores, hacer suya la
fuerza de la dignidad y del coraje esgrimida por el rector Miguel de Unamuno en
su respuesta a la barbarie militar del General falangista Millán Astray, quien
irrumpió en el claustro de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936
en plena Guerra Civil española gritando “¡Viva
la muerte! ¡Muera la inteligencia!:
“Este es templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. (...) Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: la razón y el derecho en la lucha”.
La diferencia está en que, en la Venezuela actual, no
vencerán.
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| Humberto García Larralde |
