Escribo estas líneas para informar que no reconozco como válidos los resultados emitidos
por el Consejo Nacional Electoral del proceso electoral presidencial venezolano
de ayer.
Tomo
esta decisión y asumo esta posición no porque sea la línea del candidato
Henrique Capriles Radonsky, sencillamente creo que coincidimos en lo que en mi
opinión es una postura correcta y responsable dados todos los sucesos e irregularidades
que vivimos en este proceso electoral.
Como
ciudadano y elector nacido y criado en Venezuela, solicito y apoyo totalmente
la impugnación de este proceso electoral, el reconteo de todos los votos y que los
mismos sean cotejados con las actas de escrutinio, con los datos transmitidos y
con todos los cuadernos de votación; y que al mismo se procesen las más de 3.000
denuncias documentadas por el Comando Simón Bolívar de ventajismo, abuso de poder, violencia, excesos del
Plan República y del personal del CNE, uso ilegal de bienes del estado en el
proceso, y la violación y restricción derechos humanos y políticos
fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
No
estoy asegurando que hubo fraude, pero tengo serias dudas sobre el resultado de
este proceso; dichas dudas son razonadas y sustentadas, por tanto, creo que lo
más sano para la sociedad venezolana es que se lleven a cabo los procedimientos
correspondientes en el marco de la constitución y las leyes para aclarar esta
situación, situación extremadamente compleja, desagradable y peligrosa para nuestra Venezuela,
lo cual me llena de una profunda preocupación y tristeza.
Impugnar
un proceso electoral es un derecho político fundamental, no es un acto de
desestabilización, los derechos no se
negocian, la dignidad mucho menos. Yo, al igual que varios millones de
venezolanos, estoy convencido que nuestros derechos políticos -y en algunos
casos los derechos humanos- fueron restringidos y pisoteados el día de ayer.
Si
el gobierno venezolano está tan seguro de la ESCUÁLIDA victoria que anunció el
CNE debería proceder correctamente y procesar todas las exigencias y denuncias
que se presentan. Ahora, si el estado venezolano y sus instituciones (las cuales
controla el partido-gobierno) no proceden a aclarar esta situación según los
mecanismos establecidos, con la transparencia y rigor que demanda el caso, el
país entraría en una convulsión sociopolítica de magnitudes inesperadas que
sería de su total y absoluta responsabilidad.
Esta
exigencia no es contra los ciudadanos que votaron por el candidato Nicolás Maduro,
estoy convencido que en su mayoría no tienen que ver con este gigantesco abuso
y atropello, esta exigencia es contra el estado-gobierno-partido que detenta el
poder político-económico en Venezuela; sin embargo, quiero dejar claro que mi
derecho a la duda y a desconfiar del CNE es LEGÍTIMO, está enmarcado en un
principio universal consagrado en la constitución que es el derecho a la
libertad de conciencia, cosa que también fue vulnerada ayer en muchos casos.
Analizando
los hechos tengo razones para la duda, mi ética me dice que no debo callar y mi conciencia me indica que hay que luchar.
